EL CUIDADO COMO DERECHO HUMANO: SU RECONOCIMIENTO EN EL DERECHO CIVIL COLOMBIANO
- 27 may
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Actualizado: 17 jun

Durante muchos años, el cuidado fue visto como una responsabilidad exclusivamente familiar. Cuidar a un hijo, una persona con discapacidad, un adulto mayor o un familiar enfermo era considerado una obligación privada que recaía, en la mayoría de los casos, sobre las mujeres de la familia.
Madres, padres, hijos, hermanos y otros familiares han asumido estas responsabilidades sacrificando oportunidades laborales, educativas e incluso su propio bienestar.
Sin embargo, en los últimos años, Colombia ha avanzado hacia el reconocimiento del cuidado como un asunto de interés público y de derechos humanos, una transformación jurídica que podría impactar profundamente las relaciones familiares, laborales y sociales en el futuro.
¿Qué se entiende por "cuidado"?
Cuando se habla de cuidado no se hace referencia únicamente a la atención médica.
El cuidado comprende todas aquellas actividades destinadas a garantizar el bienestar físico, emocional y social de una persona que requiere apoyo para desarrollar su vida diaria.
Esto incluye, entre otras actividades:
Cuidar niños, niñas y adolescentes.
Atender personas mayores.
Asistir a personas con discapacidad.
Acompañar personas con enfermedades permanentes o temporales.
Realizar tareas domésticas indispensables para el bienestar familiar.
Aunque estas actividades sostienen la vida cotidiana, históricamente han sido invisibilizadas y desarrolladas de manera no remunerada dentro de los hogares.
La Ley 2297 de 2023: el primer gran reconocimiento
La Ley 2297 de 2023 constituye uno de los avances más importantes en materia de protección de cuidadores. Su objetivo principal es establecer medidas en beneficio de las personas con discapacidad y de quienes ejercen labores de cuidado o asistencia personal, promoviendo su autonomía, acceso a la salud, educación, empleo y oportunidades económicas. Por primera vez, la legislación colombiana reconoce expresamente la figura del cuidador o asistente personal como una persona que desempeña una función esencial para garantizar la calidad de vida de quienes requieren apoyo.
¿Qué beneficios establece la Ley 2297 de 2023?
Entre los principales beneficios se destacan:
1. Registro e identificación de cuidadores
La ley ordena incluir información de los cuidadores dentro de los sistemas oficiales de caracterización de personas con discapacidad, permitiendo que el Estado conozca quiénes realizan estas labores y pueda diseñar programas específicos para ellos.
2. Flexibilidad laboral
Uno de los avances más relevantes es la posibilidad de acceder a mecanismos de flexibilidad laboral cuando una persona trabajadora tiene a su cargo el cuidado de un familiar con discapacidad.
Dependiendo de las condiciones del empleo, podrán acordarse modalidades como trabajo en casa, trabajo remoto o ajustes en los horarios laborales.
3. Formación y certificación
La norma promueve programas de capacitación y certificación de competencias para cuidadores, reconociendo que muchas personas desarrollan conocimientos especializados a través de su experiencia cotidiana.
4. Apoyo al emprendimiento
La ley impulsa programas destinados a facilitar el acceso de cuidadores a iniciativas de emprendimiento, generación de ingresos y fortalecimiento económico.
5. Atención en salud
Se promueven acciones para facilitar el acceso de los cuidadores a programas de promoción de la salud, prevención de enfermedades y atención integral.
6. Acceso a programas sociales
La ley establece mecanismos para facilitar la inclusión de cuidadores en diferentes programas de apoyo social del Estado.
La Ley 2456 de 2025: recursos para hacer realidad la protección
Aunque la Ley 2297 representó un avance importante, surgió una pregunta evidente: ¿DE DÓNDE SALDRÍAN LOS RECURSOS PARA IMPLEMENTAR ESTAS MEDIDAS?
La respuesta llegó con la Ley 2456 de 2025. Esta norma creó los Fondos de Protección y Apoyo a Personas con Discapacidad y sus Cuidadores o Asistentes Personales, cuyo propósito es recaudar y administrar recursos destinados a financiar programas y proyectos de apoyo.
La finalidad es mejorar la calidad de vida tanto de las personas con discapacidad como de quienes ejercen labores de cuidado, promoviendo su autonomía, inclusión social e independencia económica.
¿Qué programas pueden surgir a partir de estas leyes?
Aunque muchas medidas dependen de reglamentación y desarrollo por parte de las entidades públicas, las normas permiten impulsar programas relacionados con:
Formación y capacitación de cuidadores.
Certificación de competencias laborales.
Programas de emprendimiento.
Generación de ingresos.
Atención psicosocial.
Acompañamiento familiar.
Acceso a programas sociales.
Estrategias de empleabilidad.
Redes de apoyo comunitario.
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Cuidado.
¿Qué ha dicho la Corte Constitucional?
La Corte Constitucional ha venido reconociendo progresivamente que las labores de cuidado tienen una estrecha relación con la dignidad humana, la igualdad y la protección de personas en situación de vulnerabilidad.
En sus pronunciamientos ha señalado que el cuidado no puede convertirse en una carga que obligue a quien cuida a renunciar completamente a su proyecto de vida, sus oportunidades laborales o su desarrollo personal.
Esta visión ha impulsado la idea de que el cuidado debe entenderse como una responsabilidad compartida entre las familias, la sociedad y el Estado.
Aunque todavía existen desafíos importantes para lograr una implementación efectiva, la Ley 2297 de 2023 y la Ley 2456 de 2025 constituyen un paso significativo hacia la construcción de una sociedad más incluyente, solidaria y respetuosa de los derechos de quienes cuidan y de quienes requieren cuidado.




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